Cuantas garantias constitucionales hay , y que es la accion de amparo?

“Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor

público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías

que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a

petición suya o de cualquier persona.

El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se

refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de

los tribunales judiciales.

”

De acuerdo al sentido literal de la norma reproducida, la acción de amparo es el

remedio procesal - constitucional para enervar los efectos de una actuación

proferida por un servidor público, que lesione los derechos fundamentales de

los asociados, pero vale la pena preguntarse, si esto es así.

El constituyente utilizando un lenguaje simple, expresa, que todos aquellos que

nos encontremos frente a determinada arbitrariedad por parte de un servidor

público, podremos recurrir al amparo para lograr la reparación o resguardo de

nuestro derecho, lo que deberá resolverse prontamente, pues para este tipo de

situaciones el “procedimiento será sumario”.

Sin embargo cuando revisamos el texto legal que desarrolla el concepto

constitucional, nos encontramos con una diversidad de disposiciones procesales

que se encargan de desvirtuar la simplicidad del Texto Constitucional,

ocasionando un daño irreparable al resguardo y reparación de nuestros

derechos fundamentales.

Explico esta afirmación :

A partir del artículo 2615 del Código Judicial se cuenta con una gama de

disposiciones adjetivas que regulan la tramitación del amparo, entre las que

destaco : la competencia, el procedimiento a seguir, el curso de la demanda, el

fallo y la apelación, así como las incidencias y sanciones que puedan surgir en

el curso de la acción.

El artículo 2615 del Código Judicial reproduce el texto del artículo 54 de la

Constitución, incorporando además un nuevo elemento a la acción de amparo,

y es la necesidad de acreditar la gravedad e inminencia del daño que representa la orden de hacer o no hacer, para que sea necesaria su revocación

inmediata.