Que son tratamientos preferenciales del impuesto de vehículos automotores y definalos 46 PUNTOS PARA EL QUE ME RESUELVA ESTA PREGUNTA YA QUE ES URGENTE.
En resumen
Respuesta : Conforme con el artículo 139 de la citada ley, la renta del impuesto sobre vehículos automotores, corresponderá a los municipios, distritos, departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en esa ley.
Respuesta : Conforme con el artículo 139 de la citada ley, la renta del impuesto sobre vehículos automotores, corresponderá a los municipios, distritos, departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en esa ley.
El artículo 338 de la Constitución Política señala que en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales.
Por su parte, el artículo 287 de la Constitución Política señala que las entidades territoriales tendrán derecho a gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias normativas que les corresponda, a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Explicación :
Es una renta del orden nacional cedida a las
entidades territoriales en proporción a lo recaudado en la respectiva
jurisdicción
El impuesto de vehículos automotores es un gravamen creado por la Ley 488 de
1998, que sustituyó los impuestos de timbre nacional sobre vehículos
automotores, de circulación y tránsito y el unificado de vehículos para el Distrito
Capital.
Conforme con el artículo 139 de la citada ley, la renta del impuesto sobre
vehículos automotores, corresponderá a los municipios, distritos, departamentos y
el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en las condiciones y términos
establecidos en esa ley.
El artículo 338 de la Constitución Política señala que en tiempo de paz, solamente
el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y
municipales pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales.
Dice, además,
que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos
activos, los sujetos pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas de los
impuestos.
Por su parte, el artículo 287 de la Constitución Política señala que las
entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos) tendrán derecho a
gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias normativas que
les corresponda, a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.
La facultad de establecer tributos la reguló
la Constitución en los artículos 287 - 3, 300 - 4 y 313 - 4 y, para el efecto, supeditó la
atribución de “establecer”, “decretar” o de “votar” los tributos locales, a la ley.
La
Sala, al interpretar el alcance de la autonomía fiscal de las entidades territoriales,
se ha inclinado por reconocer que el artículo 338 de la Constitución Política faculta
a las asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales para
imponer contribuciones fiscales o parafiscales por medio de ordenanzas o
acuerdos, pero esa facultad está supeditada a la ley.
Esa supeditación, ha dicho
la Sala, puede ser parcial - limitada o parcial - reforzada.
En efecto, la potestad
impositiva de las entidades territoriales será parcial - limitada cuando la ley fija
ciertos elementos del tributo para que sea la entidad territorial la que establezca
los que faltan.
Será parcial - reforzada cuanto la ley autoriza a la entidad territorial a
crear el tributo porque en esos casos le permite fijar todos los elementos.
En este
último caso, ha dicho la Corte que la ley que crea el tributo debe establecer, como
mínimo, el hecho generador.
De otra parte, el artículo 154 de la Constitución
Política le otorga al legislador la facultad para crear, modificar o suprimir
exclusiones o exenciones tributarias, por razones de política económica o para
realizar la igualdad real y efectiva, a partir de la iniciativa del gobierno nacional.
Sin embargo, la misma Constitución limita esa facultad, pues prohíbe al legislador
conceder exenciones y tratamientos preferenciales en relación con los tributos que
son de propiedad de las entidades territoriales, en aras de proteger su patrimonio,
que, eventualmente, puede verse afectado por la injerencia de las autoridades
nacionales.
En esa medida, las entidades territoriales, en ejercicio de la
autonomía que la Constitución les reconoce, sólo tienen la potestad plena para
conceder exenciones o tratamientos preferenciales en relación con los tributos de
su propiedad, así como para regular los sujetos que gozan del régimen exceptivo,
las condiciones en que se puede gozar de ese régimen y las obligaciones que se
les asigna a los beneficiarios para probar que, en efecto, tienen derecho al mismo.
Ante todo, el ejercicio de dicha facultad debe consultar siempre criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, en función de los principios de equidad,
eficiencia y progresividad, predicables del sistema tributario, y del principio de
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta.
Respuesta : Es un valor agregado que se debe pagar obligatoriamente ya que con esto el gobierno tiene un ingreso para hacer obras. Explicación :
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Los que tienen una casa con todos los papeles.